Farmacia de Alonso Luengo, en León. Foto de Jordiasturies.

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viernes, 13 de septiembre de 2013

El deber de dejar decidir.

En una democracia, decidir no debería ser solo un derecho de los ciudadanos. Por parte de las instituciones debería existir también el deber de dejar que los ciudadanos decidan. Y ambas partes deberían aceptar el resultado del ejercicio de dichos derechos y deberes, aunque no siempre salga lo que gustaría que saliera. Que, como se ha dicho tantas veces, es lo "malo" de una democracia. Que lo que quiere la gente no es necesariamente lo que uno preferiría... pero como la alternativa sería vivir en la peor de las pesadillas, hay que aceptarlo.

Una de las cosas que se debería dejar decidir a los ciudadanos es el modelo de Estado en el que quieren vivir, y, yendo más lejos, si quieren vivir en ese Estado o formar uno propio. En esta nuestra España democrática, sin embargo, no ha habido hasta ahora ninguna consulta sobre estos aspectos.

Sí, me dirán ustedes que vivimos en un Estado democrático en el que podemos elegir a nuestros representantes y dirigentes. Es cierto, como también lo es que se llegó a ese Estado por una vía más o menos pacífica. Congratulémonos de ello.

Pero no es menos cierto que no se nos consultó al respecto. O bueno, sí que se hizo, porque hubo referendum sobre la Ley de Reforma Política en 1976 y un referendum Constitucional en 1978.  Sin embargo, no hubo alternativa a lo que se ofreció a los españoles. Se les dijo que solo había dos opciones: una monarquía constitucional al frente de un Estado indivisible o el mantenimiento de la legalidad franquista. Se les advirtió de que no era el momento de rupturas "traumáticas" que hicieran viajar en el tiempo, hacia 1936, y, encima, los acontecimientos de febrero de 1981 parecieron darles la razón. Y claro, entre lo peor y lo que no se sabía si iba a ser bueno o malo, la elección estaba clara.

35 años después, con todo, se sigue funcionando con un modelo estatal que, de ser válido, lo fue para un momento concreto, pero que ya no lo es cuando hay sectores amplios de la población que manifiestamente se declaran contrarios a él y cuando el sistema se debate en un marasmo de corrupción y empobrecimiento del ciudadano.

Es el momento de dar el paso adelante y demostrar que el sistema es auténticamente democrático. Salir del inmovilismo de una Constitución con las baterías agotadas.

Los catalanes han demostrado, de una manera -salvo excepciones de los típicos extremistas- cívica su voluntad de decidir si quieren seguir formando parte de España o formar su propio Estado. No nos cabe escudarnos tras la excusa de que eso "no es admitido por la Constitución". Está claro que uno no puede elegir donde nace ... pero en democracia sí que debería ser posible elegir, dentro de los condicionantes geográficos obvios, el Estado al que quieres pertenecer.

Históricamente, el pueblo nunca ha sido capaz de elegir tal opción. Los españoles, británicos, franceses, etc.  lo somos porque reyes y políticos lo han decidido así, mediante uniones matrimoniales, guerras y tratados han dictado las fronteras de los Estados. Un siglo un territorio, y por tanto sus ciudadanos, era de una nacionalidad, pertenecía a un Estado, y al siglo siguiente ya no lo era. Piensen en todos los territorios fronterizos que han cambiado de país por el capricho o necesidad de una clase dirigente.

Ahora estamos ante la posibilidad única de que sean los ciudadanos quienes, por una vez, decidan. Podrán equivocarse, o podrán acertar... pero será SU error o SU acierto. A los demás nos podrá gustar su decisión. O no. Pero tendríamos en ambos casos la satisfacción de no haberles impuesto nuestra opinión.

Es sencillo. Incluso alguno me dirá que es naif y utópico, de mundos de Yupi. Pero es lo moralmente correcto. O la alternativa sería vivir en una democracia defectuosa, algo que debería ser inaceptable.

¡Salud!

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